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"No a la LOMCE"

24 /05/2013 José Manuel Chapado Regidor

En España no se establecen las bases del sistema educativo hasta la Constitución de 1812, la cual incorpora la idea de la educación como un entramado en cuya organización, financiación y control debe intervenir el Estado, y que vendría a completarse con el Informe Quintana de 1814 con una exposición de principios básicos en la que se defiende que la instrucción debe ser igual, universal, uniforme, pública y libre. Culminando su concreción con la aprobación, en 1857, de la Ley Moyano.

La actual legislación básica del sistema educativo español emana de la Constitución de 1978, a partir de la cual se elaboran, derogan y sustituyen demasiadas normas educativas que terminan reducidas a sus siglas: LRU, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE y, tras tres borradores y los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado, acaba de iniciarse la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Demasiadas leyes educativas que se suceden unas a otras sin el necesario diagnóstico técnico, sin justificar razonadamente la necesidad del cambio, elaboradas sin el consenso necesario, sin la participación de maestros y profesores, y sin la estabilidad indispensable para que den sus frutos.

En Extremadura llegamos al consenso para aprobar la LEEx a través de la participación y el esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad educativa, mediante la negociación, en la que todos cedimos y aportamos. El actual presidente del Gobierno de Extremadura y el anterior, coincidieron en la su valoración: “la Ley de Educación de Extremadura (LEEx) es fruto del consenso de toda la sociedad extremeña por encima de diferencias políticas e ideológicas, es una ley válida para cuando gobierne uno u otro partido".

Nada de esto se ha dado en la concepción de la LOMCE, que carece del consenso adecuado y necesario, por lo que será sustituida cuando se produzca un cambio de gobierno. La educación española no se merece este maltrato continuado, los docentes necesitamos un marco legal estable que nos permita obtener en el aula los mejores resultados académicos para nuestros alumnos. Mientras sigan pariéndose leyes educativas efímeras los maestros y profesores no podremos conseguir los mejores frutos de nuestro trabajo.

Aunque la LOMCE aporta algún cambio positivo, como el mayor control de currículo por el Ministerio de Educación o el necesario incremento del esfuerzo en el alumnado, el sindicato PIDE y los docentes observamos alarmados el resto de sus intenciones. Además de la ambigüedad del articulado, sujeto a cualquier interpretación, constatamos la insistente intención del desmantelamiento de la Educación Pública a través de la potenciación y del desvío de fondos a los centros privado-concertados, ahonda el recorte de plantillas docentes, incrementa exageradamente la figura del director incluso por encima de la Ley e implanta evaluaciones de diagnóstico que seleccionarán al alumnado y establecerán clasificaciones de centros educativos. Además, nos preocupan otros aspectos como pueden ser:

- Falta una potenciación real de la Formación Profesional.
- Tiene una "insuficiente" memoria económica que supondrá falta de recursos humanos y materiales en su implantación.
- Olvida la creación de plazas escolares de menores de tres años.
- No incluye la necesaria formación del profesorado.
- Parece olvidar los problemas de la escuela rural, tan importante en nuestra región, y la aplicación de la LOMCE supondría su casi total desaparición.
- Debe incluir obligatoriamente un sistema de jubilación específico para los docentes.
- La premura en la implantación en sólo dos cursos acarreará graves trastornos de organización en las plantillas docentes y en los centros públicos.
- El incremento del adoctrinamiento religioso y la legalización de la segregación del alumnado a través de la educación diferenciada debe desaparecer en la tramitación parlamentaria.
- La renuncia a la lucha contra el fracaso o abandono escolar lleva implícito sustraer el futuro a gran parte de nuestro alumnado.

Desde PIDE estamos convencidos de que la “calidad” no puede ser entendida como un resultado final, sino como el proceso y la mejora individual. No es posible anteponer la competitividad a la colaboración y al aprendizaje en sí. El desarrollo de la educación favorece directamente el desarrollo social y económico de una región o un país. Mientras no exista el consenso indispensable sobre las leyes de educación y no se permita trabajar libremente a sus docentes hay que olvidarse de espejismos normativos que sólo perjudican al sistema. Cualquier reforma educativa, que no tenga el respaldo de los profesionales que deben implantarla, está abocada al más absoluto fracaso.

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