Europa
Press (13 de mayo de 2003)
Dicha declaración se aprueba después de que el pasado 30 de abril el
Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía dictaminara que el ente
provincial tendrá que volver a convocar la oferta pública de oposiciones
porque no se puede clasificar a las personas que trabajan en otra administración
con un baremo distinto al que trabaja en la Diputación.
Fraile resaltó que esta declaración es "consecuencia" de
las políticas de empleo de la Diputación en estos cuatro años de Gobierno
"y en un aspecto trascendente como esta oferta de empleo público
se incluye la voluntad de que los empleos se consoliden sin establecer
los criterios de la consolidación".
"Creo que es lo menos que podíamos hacer con un número importante
de interinos que tenían puestas sus expectativas en poder consolidar
su empleo y que lamentablemente no se ha podido hacer porque las bases
no obedecían al cumplimiento estricto de la legalidad", subrayó
el presidente de la Diputación.
Además, añadió que así se "marca la voluntad" de la Diputación
"para que estos profesionales puedan consolidar su trabajo en esta
casa pero corregiremos lo que haya que corregir para intentar cumplir
con sus expectativas sin dañar los derechos de nadie".
Así, la oferta, que se encuentra paralizada en estos momentos, se anula
y habrá que sacar una nueva oferta pública tras la celebración de las
elecciones municipales.
Dicha oferta se publicó, se echaron las solicitudes pero un sindicato
las impugnó y se paralizó el proceso ya que los baremos eran seis meses
y 0,60 puntos para Diputación y seis meses y 0,30 puntos para otra administración.
MEDIDA ELECTORALISTA Y OPORTUNISTA
En este sentido, el PP votó a favor de los seis primeros puntos del
orden del día en los que se hacía referencia a la optimización de los
recursos humanos de la Diputación, no obstante, se abstuvo en el apartado
de "consolidación" porque "creemos que es de dudosa legalidad
tras el informe del Consejo Consultivo", según indicó el portavoz
del PP en la Diputación, Diego Maldonado.
Maldonado manifestó a Europa Press que el dictamen del Consejo Consultivo
de la Junta "avala que se hicieron mal las cosas", y explicó
que con esta declaración "se engaña a los interinos y se crean
falsas expectativas de las que ellos --en referencia al actual equipo
de Gobierno-- no podrán responder".
Además, tildó la medida de "electoralista, oportunista y engañosa
porque se hace en plena campaña electoral, cuando la corporación va
a cambiar". "Será otro partido, del signo político que sea,
y debería ser éste el que asuma la responsabilidad y lo ponga en marcha
de la forma en que crea conveniente dentro del marco jurídico"
correpondiente.
"El PP está en contra de que las cosas se hagan mal y rozando
la ilegalidad", resaltó Maldonado, quien criticó que se aproveche
el actual periodo electoral para llevarlo a pleno.
DEFENSOR DEL CIUDADANO
Por otro lado, se aprobaron los estatutos del Defensor del Ciudadano,
una figura que se pondrá en marcha con la próxima corporación municipal
que gobierne la Diputación.
Según explicó Juan Fraile, este defensor se incluye dentro del trabajo
del Area de Particiación Social y supone "dar un paso más"
para nombrar a alguien que defenderá a los ciudadanos "de la vorágine
administrativa de esta institución provincial".
Fraile, quien reconoció que "se ha tardado más de la cuenta"
en poner en marcha esta figura, esperó que la próxima corporacion "pueda
nombrar la persona y la oficina para ponerse a trabajar" porque
"aunque me hubiera gustado verlo funcionar, no todo se puede hacer",
concluyó.