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«La educación que queremos»
Hay argumentos sólidos para revisar la necesidad de mantener la financiación pública de centros privados allí donde la red pública puede atender la demanda.
25/10/2026
Alfredo Aranda Vicepresidente del Sindicato PIDE
La educación que queremos es pública, porque es uno de los pilares que sostienen el Estado de derecho, además de ser la que garantiza la igualdad de oportunidades y una gratuidad real.
Una sociedad democrática se asienta en la educación pública y en los servicios públicos en general. Estos no distinguen a nadie por su origen social, su lugar de residencia ni su situación económica; su razón de ser es garantizar los derechos de todos y no dejar a nadie atrás.
Por todo ello, y por mucho más, la educación pública debe contar con una financiación sólida y suficiente. Es una inversión que se realiza en el presente para recoger sus frutos en el futuro: una inversión que fortalece la democracia y revierte en el conjunto de la sociedad a través de ciudadanos libres, críticos y formados, capaces de contribuir al progreso colectivo.
Defender la educación pública es defender aquello que nos hace iguales: un derecho que debe llegar a todas las capas de la sociedad y que hace posible una convivencia real, en la que nadie quede excluido y las oportunidades estén al alcance de todos.
Quien ataca, menosprecia o debilita la educación pública difícilmente puede estar comprometido con la igualdad de oportunidades ni con una sociedad más justa, democrática y horizontal, en la que todas las personas sean tratadas con la misma consideración y tengan los mismos derechos.
En la defensa de la educación pública no cabe la equidistancia. Sin embargo, hay quienes afirman defenderla mientras mantienen posiciones ambiguas o evitan cuestionar los modelos que compiten con ella. Esa equidistancia responde a intereses meramente económicos o ideológicos.
La educación pública puede coexistir con la privada, siempre que esta última se financie exclusivamente con las aportaciones de las familias que opten por ella. Sin embargo, el modelo de educación concertada plantea una contradicción: centros de titularidad privada que se financian con fondos públicos y que, en muchos casos, también cobran a las familias cuotas o aportaciones supuestamente voluntarias.
La situación resulta aún más difícil de justificar cuando observamos los datos de escolarización. En el curso 2026/2027 han iniciado su escolarización en Extremadura 6.810 niños de tres años, mientras que se han ofertado 12.793 plazas para escolarizar a este alumnado.
Este dato puede resultar incómodo para determinados sectores, pero constituye un argumento sólido para revisar la necesidad de mantener la financiación pública de centros privados allí donde la red pública puede atender perfectamente la demanda sin necesidad de conciertos.
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